La rebaja del tipo general del IGIC del 7% al 5% vuelve a quedar en el aire. La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha rechazado de nuevo en el Parlamento la posibilidad de aplicar ahora esa reducción y ha advertido de que una decisión de este tipo tendría consecuencias sobre los recursos disponibles para mantener los servicios públicos y sobre la financiación que reciben cabildos y ayuntamientos.

La discusión se produjo este miércoles en la Comisión de Presupuestos y Hacienda a raíz de una pregunta del diputado de Vox Javier Nieto, que reclamó al Ejecutivo autonómico que utilice el incremento de la recaudación para aliviar la presión fiscal que soportan las familias canarias.

El debate llega en un momento en el que los ingresos por IGIC efectivamente han aumentado. Canarias recaudó 1.361 millones de euros por este impuesto durante el primer semestre de 2026, un 4,5% más que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados por el Instituto Canario de Estadística. El conjunto de los impuestos recaudados por la Comunidad Autónoma alcanzó los 1.521 millones, un 4% más.

Para Asián, sin embargo, ese incremento no puede interpretarse automáticamente como dinero disponible para una rebaja fiscal. La consejera sostiene que la inflación eleva la recaudación porque incrementa el valor de las operaciones gravadas, pero al mismo tiempo encarece el funcionamiento de las administraciones y de los servicios que prestan.

La titular de Hacienda situó la decisión dentro de tres límites: garantizar las prestaciones sociales, atender la coyuntura económica y cumplir las reglas fiscales. A ello añadió una cuestión específica del sistema financiero canario: antes de modificar el IGIC considera necesario conocer la posición de cabildos y ayuntamientos por el efecto que una reducción de ingresos puede tener sobre las administraciones locales.

La discusión tiene una particularidad que no puede desligarse del modelo fiscal canario. Los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal tienen una distribución entre las distintas administraciones públicas, de manera que una modificación de los ingresos tributarios puede repercutir también en los recursos disponibles para los cabildos y los ayuntamientos.

El presupuesto autonómico de 2026 contempla transferencias específicas a los cabildos para financiar competencias y servicios asumidos por las corporaciones insulares, mientras que el Fondo Canario de Financiación Municipal constituye uno de los instrumentos destinados a sostener las necesidades financieras de los ayuntamientos.

Por eso Asián no plantea la rebaja del IGIC únicamente como una decisión entre Hacienda y los contribuyentes. Su argumento es que cualquier reducción de los ingresos debe analizar también qué parte del ajuste termina afectando a las administraciones que financian servicios públicos en las islas.

Javier Nieto defendió en comisión la posición contraria. El diputado de Vox vinculó el aumento de los ingresos tributarios con la posibilidad de reducir la carga fiscal y sostuvo que las familias están afrontando un escenario de precios elevados, especialmente por el encarecimiento de los carburantes.

Su propuesta pasa por aprovechar el incremento de la recaudación para reducir el tipo general del IGIC y situarlo en el 5%, una medida que, según defendió, permitiría aliviar el coste que soportan los hogares y la economía canaria.

Nieto también recordó que la reducción del IGIC fue una de las promesas planteadas por el Partido Popular durante la campaña electoral de 2023 y cuestionó que el compromiso siga sin una fecha concreta de aplicación tres años después. El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y PP, mantiene actualmente el tipo general en el 7%.

La cuestión tiene además una dimensión política añadida porque la tramitación de los Presupuestos Generales de Canarias para 2027 ofrecerá previsiblemente un nuevo escenario para discutir la fiscalidad autonómica.

La consejera rechaza que la política fiscal del Gobierno pueda resumirse en el mantenimiento del 7% general del IGIC. Durante su intervención recordó que el Ejecutivo ha aprobado reducciones selectivas en distintos impuestos y deducciones, además de modificaciones en determinados tipos del IGIC.

Entre las medidas citadas figuran cambios en el IRPF, en los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales, así como beneficios fiscales relacionados con la vivienda y determinados gastos sanitarios. El Ejecutivo sostiene que estas medidas han alcanzado a una amplia mayoría de los contribuyentes canarios.

La estrategia consiste, por tanto, en aplicar reducciones fiscales de manera selectiva en lugar de rebajar dos puntos de forma general el principal tipo del IGIC.

Los datos disponibles explican por qué el debate ha vuelto al centro de la política canaria. Los ingresos por IGIC aumentaron un 7% durante los cuatro primeros meses de 2026 y terminaron el primer semestre con un crecimiento del 4,5%.

La discusión política está ahora en qué hacer con ese incremento. Para Vox, una parte debería regresar a los ciudadanos mediante una reducción del impuesto. Para Hacienda, el aumento de los ingresos no puede separarse del aumento de los costes públicos y de la necesidad de garantizar la financiación de las administraciones canarias.

La decisión tampoco puede analizarse únicamente desde Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. Los recursos tributarios terminan sosteniendo competencias autonómicas, insulares y municipales, desde los servicios sociales y sanitarios hasta las políticas de vivienda, transporte o atención a la población.

Por ahora, el IGIC general seguirá en el 7%. Asián no ha comprometido una fecha para situarlo en el 5% y ha dejado claro que cualquier decisión deberá pasar antes por la situación de las cuentas públicas y por el impacto que tendría sobre el conjunto del sistema de financiación canario.

El debate, por tanto, queda abierto de cara a los Presupuestos de 2027: bajar impuestos aprovechando el aumento de la recaudación o preservar esos ingresos para mantener y financiar los servicios públicos y las administraciones que los prestan.